El pasado jueves 14 de abril se celebró en la Casa del Vino de Pinoso una charla sobre la situación de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, a cargo del diputado autonómico del PSOE Antonio Torres Salvador, que conoce en profundidad esta ley ya que fue uno de sus impulsores.
Hace cuatro años estuvo en Pinoso para explicar los inicios de la aplicación de la Ley. Cuatro años después el panorama en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, es bastante negro.
Esta Ley fue aprobada en 2006 pero la Conselleria no la reguló hasta finales de 2007. A partir de ahí empiezan un sinfín de trabas administrativas por parte del Gobierno Valenciano (exige hasta 32 pasos administrativos) para dificultar la obtención de las ayudas, hasta el punto de que la media de espera en España es de 6 meses y en la Comunidad Valenciana de 2 años.
La Conselleria no reconoce los efectos retroactivos de la ayuda, es decir, no compensa el tiempo de espera desde que se presenta la solicitud. El ciudadano que no reclama por la vía judicial los efectos retroactivos (proceso por otro lado muy caro), los pierde y así ese dinero se lo ahorra Conselleria.
Ahora mismo están beneficiándose de la ayuda por dependiente unos 40 mil valencianos, pero deberían estar cobrando 35 mil valencianos más que están todavía esperando.
Conselleria solo tiene 52 personas dedicadas a la tramitación de las ayudas, siendo una Comunidad con 5 millones de personas, cuando en otras comunidades, con menos población, hay más de 100 funcionarios trabajando en esta Ley.
Además, Conselleria ha impuesto incompatibilidades, es decir, la prohibición de recibir dos servicios, como por ejemplo una plaza en centro ocupacional y un cuidador. En cambio, en otras comunidades, muchas personas cobran por dos conceptos y no hay problema de incompatibilidad.
17 mil valencianos se han muerto esperando la resolución de la ayuda, y a los familiares se les ha denegado la reclamación aduciendo que "el fallecimiento es causa del archivo del expediente".
Los que han recurrido al Tribunal Superior de Justicia, gastándose su dinero, han podido ver reconocida la ayuda, aunque sea después de la muerte del dependiente. Por tanto, Conselleria sabe que debe decir "no" para que el proceso judicial se alargue.
Las personas dependientes han tenido que constituir plataformas para tener más peso en las reclamaciones, pero la Conselleria hace caso omiso de las recomendaciones del Sindic de Greuges, de manera que espera a que los tribunales decidan, y como estos resuelven tarde, los dependientes acaban muriendo. Así se ahorra poner el dinero.
El Gobierno Valenciano solo debe poner el 50% de la ayuda, el otro 50% lo pone el Gobierno Central, pero no lo pone, en cambio "para la Fórmula 1 ha dado 200 millones €". Es decir, el dinero lo tienen para lo que quieren.
En Pinoso se han realizado 335 solicitudes, de las que 85 están esperando el sí de Conselleria para empezar a recibir la ayuda y 72 personas han fallecido sin percibir nada esperando la prometida ayuda.
Ésta es la situación, desastrosa. Lo que produce esto es vergüenza e indignación por tener el gobierno regional que tenemos.
Por cierto, el gobierno central dio 36 millones € a la Conselleria para que acabara los geriátricos que estaban sin acabar (por ejemplo el de Pinoso), pero se los gastó en poner aire acondicionado en las residencias que ya tenía abiertas.
Antonio Torres lo dijo muy claro: "el mensaje oficial del Gobierno Valenciano es que Madrid (refiriéndose al Gobierno Central) no manda dinero, pero eso no es cierto, lo reparte en función del número de personas valoradas y que están cobrando, así que por ejemplo Castilla-León (comunidad gobernada por el PP), recibe más dinero que la Comunidad Valenciana". Solo ganamos a Canarias.
En fin, las personas se mueren esperando la ayuda y el señor Cotino, vicepresidente del Consell, se forra con su red de geriátricos privados... Vergüenza.
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